EL TIRO DE GRACIA DE PÉREZ MOLINA A LA PORTUARIA QUETZAL

PESE A DENUNCIAS CONTRA USUFRUCTO, MALDONADO AGUIRRE SE RESISTE A ANULAR CONTRATO

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El usufructo de una terminal portuaria otorgada por el gobierno de Otto Pérez Molina a una empresa española en 2012 es una muestra de las medidas lesivas de la administración anterior y, a la vez, de la parsimonia del gobierno actual para rescatar los intereses del país. Aunque la Procuraduría General de la Nación ha pedido que el contrato sea anulado, Maldonado Aguirre sigue sin tomar cartas en el asunto.

Otro negocio sucio

El 3 de agosto de 2012, el Gobierno firmó el contrato de usufructo con la compañía española Grupo Maritim Terminal de Contenedores de Barcelona (TCB), concediéndole un terreno de 348,171 metros cuadrados para la construcción de una terminal portuaria. En ese entonces fungía como interventor de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) el polémico Allan Marroquín. Diputados de LIDER denunciaron un plan para privatizar la portuaria pero más preocupante aún, señalaron que a la empresa beneficiaria se le permitió con anterioridad a la publicación del proyecto, visitar las instalaciones para poder elaborar un plan de trabajo. Es decir, el proyecto nació con un beneficiario ya en la mira.

Pese a que el contrato se intentó detener por todas las vías legales, el proceso continuó su marcha hasta el día de hoy dado que el Ministerio Público nunca dio trámite a una demanda interpuesta por el diputado Amílcar Pop en contra de Allan Marroquín por abuso de autoridad, dado que como interventor no está facultado para otorgar contratos de tal naturaleza basado en resoluciones de la Corte de Constitucionalidad de 1989 y 2010. Hoy, los trabajos de construcción continúan a cargo de la empresa Terminal de Contenedores Quetzal, filial de la empresa española.

Un tiro de gracia a la EPQ

Por muchos años la EPQ ha sido una de las empresas públicas más rentables para el Estado pero esa realidad puede empezar a cambiar por lo lesivo del contrato de usufructo.

Por ejemplo, el contrato especifica que la transnacional sólo pagará al Estado US$1 millón al año y sólo US$4 por cada contener que ingrese al país, una cifra muy por debajo de los US$15 millones que aporta la EPQ. Además de reducir los ingresos a las arcas nacionales, todo apunta a un plan del gobierno anterior para traer en picada a la Empresa Portuaria.

Durante la gestión de Marroquín hubo una negativa a modernizar a la empresa estatal lo cual, con la entrada de la gestión privada, la deja en clara desventaja. Una desventaja que se encamina a un monopolio en favor de la empresa extranjera, ha afirmado el diputado Amílcar Pop, puesto que al estar listas las obras “sólo lo que no pueda atender TCQ pasará por EPQ”.

La posición de desventaja en que se dejó a EPQ llega a tal extremo que mientras a la TCQ le fueron cedidos casi 350,000 metros cuadrados de terreno para almacenar contenedores, a la EPQ le quedó la tercera parte de esa cantidad, al tiempo que la diferencia en los pagos al Estado es desproporcionalmente favorable la compañía extranjera (solo US$1 millón anual del total de utilidades que los dueños de la empresa calculan por arriba de los US$300 millones).

Basada en un informe de la Contraloría General de la Nación a principios de septiembre María Eugenia Villagrán, Procuradora General, recomendó “al señor presidente de Guatemala que se declare nulo de pleno derecho el contrato en mención, debido a que presenta ilegalidades y procedimientos erróneos”. Una petición que se sumaba al clamor popular que exigía a Maldonado Aguirre anular todos los contratos con sospechas de corrupción hechos por la administración anterior.

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Alerta sindical, parsimonia presidencial

Dada la parsimonia del gobierno actual respecto al contrato, el sindicato SUTRAPORQUET, se acercó a Perro Bravo para denunciar las anomalías. Señalan, por ejemplo, que pese a que las obras de construcción no están finalizadas y por ende no están certificadas a nivel internacional, la TCQ ya recibe barcos de los que no existe control sobre los bienes que ingresan al país. Además la TCQ ya cuenta con una entrada privada que la exime de pasar por los controles de la EPQ.

Además la desventaja en que queda la EPQ no sólo afecta los ingresos del gobierno central sino también, y en mayor medida, los de las municipalidades locales que se beneficiaban con regalías.

Hasta el momento la Presidencia no ha actuado para defender los intereses de la nación. Mientras guardan silencio a las cuestionantes al respecto hechas por este medio, la PGN ya anunció que interpondrá una demanda de nulidad. Parece ser esta la última opción para rescatar a la Empresa Portuaria Quetzal del golpe mortal que le acertó el gobierno de Otto Pérez Molina.

 

 

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